El trasfondo
Contraloría determinó que durante la gestión de Peñaloza se pagó un sobreprecio sustancial por el Cesfam y que se ocultó información clave al concejo. Los concejales que ahora piden la inhabilidad señalan que estas no son faltas menores: afectan la confianza ciudadana y la gestión pública.
- Sobreprecio acreditado: el organismo fiscalizador confirmó que el valor de compra superó ampliamente los precios de mercado.
- Omisión de información: datos financieros relevantes no fueron entregados al concejo municipal, lo que impidió una decisión informada.
- Responsabilidad directa: la exalcaldesa, como jefa comunal, tenía la obligación de velar por la legalidad de los actos.
Lo que dicen
Kouyoumdjian afirmó que los concejales cumplen lo anunciado previamente en el concejo municipal. Mahmoud agregó que, mientras trabajadores de menor rango ya enfrentaron represalias, corresponde agotar las instancias para que Peñaloza reciba sanciones. "No podemos permitir que personas con estos antecedentes comprobados sigan en la política", sostuvo.
Qué sigue
El requerimiento ya fue recepcionado por el TER. Falta que el tribunal confirme su tramitación y fije un plazo para la defensa de Peñaloza. En paralelo, en Las Condes se observa con escepticismo a los concejales que no firmaron la acción. La inhabilidad solicitada, de concretarse, le impediría a la exalcaldesa ejercer cualquier cargo u oficio público durante cinco años.