El estado de las cosas
- El decreto N°55 del Ministerio del Interior data del 20 de marzo, y la Contraloría recién lo aprobó ayer, tras una espera que generó incertidumbre.
- Durante ese período, el exdirector Luis Eduardo Thayer y el exsubdirector Mario Yáñez presentaron recursos ante la Contraloría, advirtiendo que sin la designación oficial no se podían ingresar las declaraciones de intereses.
- Sauerbaum siempre aseguró que los documentos se enviaron “a tiempo y en forma”, y negó riesgos porque “no hay un plazo determinado” para la toma de razón.
Por qué importa
El entrampamiento administrativo reveló dos problemas de fondo. Primero, la fragilidad del sistema de control de probidad cuando un nombramiento clave se retrasa, dejando a funcionarios en un limbo legal. Segundo, el deterioro de la relación entre la nueva administración y la anterior: Sauerbaum calificó el servicio recibido como un “estado de desastre” y criticó el sistema computacional —que describió como de “los años 80”— y las 260.000 solicitudes pendientes que, según él, le heredó Thayer.
Entre líneas
- Sauerbaum responsabilizó a Thayer por los retrasos informáticos que, a su juicio, explican que el exdirector aún reciba notificaciones del sistema de declaraciones.
- Thayer, en cambio, había oficiado a la Contraloría porque seguía recibiendo esos correos, lo que interpretó como una falta de formalización del traspaso.
- La demora en la toma de razón no era un mero trámite: bloqueaba obligaciones legales de los funcionarios, lo que escaló el conflicto ante el ente fiscalizador.
Qué sigue
Con la toma de razón ya concretada, Sauerbaum queda formalmente habilitado como director del Sernamig. Ahora deberá regularizar las declaraciones de patrimonio pendientes y enfrentar la gestión de las más de 260 mil solicitudes acumuladas. La controversia con Thayer, no obstante, deja abierta la discusión sobre el estado real del servicio y la eficacia de los mecanismos de transición entre autoridades.
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