El panorama general
La llamada “expulsión acelerada” (expedited removal) se aplicaba antes solo a migrantes detenidos en la frontera o cerca de ella, o que llegaban por mar. En enero, Trump amplió su uso a todos los indocumentados en el país, sin importar dónde fueran capturados.
- Los agentes migratorios ahora pueden deportar a una persona en cuestión de días, sin audiencia judicial.
- Quienes no puedan probar que llevan más de dos años en el país son elegibles para este proceso.
- La política ya se aplicaba a personas que acudían a cortes de inmigración para otros trámites.
Entre líneas
La decisión fue 2 a 1, con dos jueces designados por Trump (Justin R. Walker y Neomi Rao) a favor y un juez designado por Obama en contra. El juez Walker argumentó que los demandantes no demostraron que la expansión violara derechos constitucionales, pues los inmigrantes reciben notificación y oportunidad de responder.
Sin embargo, organismos como la ACLU sostienen que el sistema exprés es propenso a errores y niega el debido proceso, un derecho que la Constitución garantiza a cualquier persona en el país, independientemente de su estatus migratorio.
Lo que dicen
Anand Balakrishnan, abogado principal de la ACLU, calificó la decisión como un golpe al principio fundamental del debido proceso. “El sistema exprés someterá a las personas a un proceso injusto y propenso a errores”, afirmó en un comunicado.
La jueza de distrito Jia Cobb, quien inicialmente bloqueó la medida en agosto, había señalado los mismos riesgos. El gobierno de Trump, por su parte, considera la expansión como una herramienta clave para acelerar las deportaciones.
Qué sigue
El caso aún podría continuar en instancias superiores, incluida la Corte Suprema. Por ahora, el gobierno puede retomar las deportaciones exprés en todo el país. Grupos de derechos civiles evalúan sus próximos pasos legales para frenar la medida mientras el debate sobre los límites del debido proceso migratorio sigue abierto.