El estado de las cosas
El tribunal decretó prisión preventiva para cuatro exfuncionarios —identificados por iniciales S. I. T. S., R. A. T. V., D. A. D. F. y A. H. L. T.— por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad. El quinto imputado, C. D. M. M., quedó con arresto domiciliario nocturno y prohibición de comunicarse con los demás formalizados, ya que su participación se limitó a presenciar los hechos sin intervenir directamente.
Los cuatro detenidos cumplirán la medida en la unidad especial para funcionarios policiales de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío. El tribunal prohibió difundir sus nombres y rostros.
Cómo llegamos aquí
La investigación partió de una revisión interna de Carabineros que detectó actuaciones fuera de protocolo. Los cinco funcionarios —tres oficiales y dos suboficiales— fueron dados de baja antes de la formalización. La Fiscalía de Chillán, en conjunto con Asuntos Internos de Ñuble, recopiló antecedentes sobre al menos seis hechos ocurridos en los sectores Villa Las Almendras y Vicente Pérez Rosales.
- El 11 de mayo de 2026, cuatro de los imputados ingresaron armados a un domicilio en Chillán. Sustrajeron teléfonos, cadenas de plata y ketamina.
- Horas antes, uno de ellos había escalado otra propiedad para robar un bolso.
- Para encubrir los hechos, alteraron el libro de novedades de la unidad policial.
- En otros allanamientos irregulares, sustrajeron dinero en efectivo y drogas.
Entre líneas
La Fiscalía imputó también los delitos de asociación criminal y microtráfico de drogas, pero el tribunal no los dio por acreditados en esta etapa procesal. Esto sugiere que la coordinación entre los imputados —que usaban un grupo de WhatsApp para falsificar documentos— podría no haber alcanzado el umbral legal de una organización criminal, al menos por ahora.
El hecho de que la propia institución entregara a sus funcionarios marca una diferencia con otros casos de abuso policial, donde las denuncias suelen venir desde fuera. Sin embargo, el sistema judicial mantiene reserva sobre las identidades, lo que limita la rendición de cuentas pública.
Qué sigue
El tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación. La Fiscalía deberá reunir más pruebas para sostener los cargos de asociación criminal y microtráfico que fueron descartados en la formalización, además de consolidar los delitos ya acreditados. La defensa de los imputados podrá impugnar las medidas cautelares en las próximas semanas.
T13
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Emol
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