Lo que está en juego
Si la Cámara aprueba el libelo, el caso pasará al Senado y Grau podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Pero la defensa advierte que el costo político va más allá: usar la acusación constitucional por discrepancias técnicas normales en proyecciones económicas convertiría el mecanismo en un arma recurrente.
- La defensa compara el libelo con una "bomba atómica" institucional, diseñada solo para faltas gravísimas.
- Advierte sobre una "espiral" de acusaciones contra futuros ministros si prospera este caso.
- Señala que las proyecciones fiscales se basan en supuestos que cambian con hechos posteriores imprevisibles (como una decisión de guerra de Estados Unidos).
Entre líneas
La defensa centró su estrategia en la forma, no en el fondo. Zapata pidió acoger la "cuestión previa", un mecanismo para desechar el libelo sin discutir los números, porque la acusación no explica cómo las conductas de Grau infringen una norma específica.
"No hay nada en la acusación que logre identificar una regla jurídica", afirmó Zapata. Citó un dictamen de la Contraloría de 2025 que dice que las estimaciones deben evaluarse con la información disponible al momento de elaborarlas.
Los acusadores replican que existen hechos verificables: una diferencia fiscal de US$ 822 millones entre lo proyectado y lo real, y omisiones de deuda por US$10.500 millones detectadas por el actual ministro Jorge Quiroz.
Qué sigue
La comisión revisora continuará esta semana con las audiencias. Se espera la intervención del exministro Mario Marcel. El próximo martes la Sala de la Cámara votará si el libelo avanza al Senado. La Democracia Cristiana aún no define su postura y el Partido de la Gente ya aseguró sus 13 votos a favor.