Por qué importa
El proyecto de Romero se suma al debate sobre el aborto en Chile, que ya había sido reavivado por la iniciativa "Escucha su Corazón". Mientras el gobierno ha señalado que el tema está zanjado, sectores del oficialismo legislativo continúan impulsando restricciones. La nueva propuesta introduce un delito específico en el Código Penal, lo que eleva las consecuencias legales para quienes comercialicen misoprostol fuera de los canales autorizados.
Lo que dice el proyecto
El borrador establece sanciones escalonadas según la gravedad de la conducta:
- Pena base: presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) para quien venda, distribuya, ofrezca, suministre, intermedie o facilite medicamentos destinados a causar un aborto fuera de los casos permitidos.
- Agravantes: la pena aumenta en un grado si la conducta se realiza a través de internet, redes sociales o medios de comunicación, o si el autor obtiene un beneficio económico.
El diputado Romero sostiene que "no podemos aceptar que existan personas lucrando con la venta clandestina de medicamentos para abortos ilegales". Aclaró que el proyecto no modifica los usos médicos reconocidos del misoprostol ni las tres causales vigentes.
Las voces discordantes
La diputada Carolina Cucumides (IND-PS) criticó la iniciativa: "Mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural contra las mujeres, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática". Señaló que el gobierno debería dedicarse a gobernar para todos.
Qué sigue
El proyecto se presentará formalmente la próxima semana, cuando se retome la actividad legislativa. Deberá ser discutido en el Congreso, donde se enfrentará a posiciones divididas entre quienes buscan ampliar las restricciones al aborto y quienes defienden el marco actual de las tres causales.