La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, obliga a empresas y organismos estatales a prevenir, investigar y sancionar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Los impulsores del proyecto sostienen que el diseño de la norma, como la eliminación del requisito de reiteración para configurar acoso, ha generado una carga administrativa excesiva.
El Ejecutivo, por su parte, ya ha presentado modificaciones al reglamento para aliviar la sobrecarga administrativa, en medio del debate sobre la ley. La propuesta parlamentaria, en tanto, requerirá discusión y votación en el Congreso, sin fecha definida para su aprobación.