Por qué importa
El caso pone en discusión los límites de la autoridad administrativa frente a la ley. Si la Fiscalía acoge la denuncia, se abriría una investigación penal contra un exdirector de un servicio público por decisiones que, según la Contraloría, vulneraron el principio de legalidad establecido en la Constitución.
El dato clave
El memorándum N° 1886 de 2024 estableció excepciones a los requisitos y procedimientos fijados por la ley para el ingreso de menores haitianos. La Contraloría determinó que esto no podía hacerse por una instrucción interna, ya que ningún funcionario puede modificar lo que la ley dispone.
Entre las irregularidades detectadas se incluyen:
- Permisos otorgados con documentación sin legalizar.
- Exigencia de certificados vencidos o ilegales.
- Deficiencias en los controles del programa.
Lo que dicen
El diputado Eduardo Durán señaló que “la Contraloría fue categórica al establecer que ningún funcionario público puede modificar mediante un memorándum lo que la ley establece”. Agregó que corresponde que el Ministerio Público determine si existe responsabilidad penal.
Su par Andrés Celis sostuvo que la flexibilización fue “intencional y dolosa”, y que el delito de prevaricación administrativa contempla sanciones que van desde multas hasta presidio e inhabilitación para cargos públicos.
La otra cara
Semanas antes, Thayer defendió su gestión ante una comisión investigadora del Congreso. Sostuvo que las decisiones adoptadas durante su administración tenían fundamento legal, tanto en la Ley de Migración como en tratados internacionales.
Qué sigue
La Fiscalía deberá evaluar los antecedentes y decidir si formaliza una investigación. La denuncia se basa en el artículo 228 del Código Penal, que tipifica la prevaricación administrativa. El resultado podría sentar un precedente sobre los límites de las instrucciones internas en servicios públicos.
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