Fallo británico reduce opciones de víctimas sobre 61.000 bitcoins
La Alta Corte de Londres determinó que la ley china regirá las reclamaciones de las víctimas sobre 61.000 bitcoins incautados a Zhimin Qian, valorados en unos 5.000 millones de dólares.
La decisión favorece las posibilidades del Gobierno británico de conservar la mayor parte de los activos, pero no resuelve quién es su propietario.
El juez Mark Turner concluyó que el fraude, los contratos de inversión y las pérdidas ocurrieron en China; las reclamaciones de propiedad se evaluarán en etapas posteriores.
¿Qué deben demostrar los reclamantes?
Miles de afectados solicitaron que se les reconozcan derechos sobre los bitcoins bajo la legislación británica contra el crimen, pero cada uno debe acreditar un interés de propiedad.
Los abogados de las víctimas preferían la ley inglesa porque, según argumentaron, podía facilitar que reclamaran la propiedad directa de las monedas.
El fallo descarta aplicar la ley inglesa o una combinación de normas de ambos países para determinar si los reclamantes tienen derechos sobre los activos.
¿Cómo se originó el caso?
Qian se declaró culpable de fraude y blanqueo de dinero por un esquema Ponzi que operó en China entre 2014 y 2017 y defraudó a más de 128.000 inversores.
Según el fallo, los inversores aportaron unos 40.200 millones de yuanes —aproximadamente 4.100 millones de libras— y parte del dinero se devolvió a algunos afectados.
Las autoridades británicas incautaron los bitcoins durante una investigación por blanqueo; el caso seguirá en la Alta Corte de Londres, no en un tribunal chino.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El despacho Fieldfisher, que representa a los reclamantes, prepara una apelación; la decisión sobre el contenido de la ley china y su aplicación aún está pendiente.
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