El esquema sistemático
Según la acusación, entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos del Congreso mediante servicios ficticios.
- Contrataron a Graf como asesora parlamentaria, pero ella nunca realizó las labores.
- Los honorarios pagados por el Congreso fueron transferidos luego a Calisto y Cárcamo para su beneficio personal.
- El perjuicio fiscal asciende a $103.664.697, superando los $100 millones.
El fiscal regional Hernán Libedinsky calificó el mecanismo como “una caja pagadora” y señaló que los contratos eran “meramente instrumentales”.
Los imputados
Además del senador, la Fiscalía acusó a:
- Roland Cárcamo Catalán
- Carla Graf Toledo
- Felipe Klein Vidal
- Sandra Loaiza Henríquez
- Fabiola Castillo Bustamante
- Natalia Cárcamo Catalán
- Roland Cárcamo Garrido
Para Calisto, Cárcamo y Graf se piden penas de crimen por el alto monto y el carácter reiterado de los delitos.
El dato clave
La acusación se presentó un día después de que la Fiscalía allanara la oficina del exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida por un caso similar, también vinculado a la empresa SocialTask de Joaquín Lavín León. Ambos casos comparten el uso de asesorías parlamentarias como supuesta fachada para obtener fondos públicos.
Qué sigue
La causa queda a la espera de que se resuelva el nuevo desafuero solicitado por la Fiscalía. Una vez concedido —o si Calisto renuncia a su fuero—, el caso avanzará a juicio oral en Coyhaique. La defensa del senador aún no se ha pronunciado públicamente.
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