Lo que dicen
Gajardo publicó en X que las declaraciones de Rabat “no se corresponden con la realidad” y enumeró:
- La investigación judicial comenzó en 2024, no ahora, gracias al Plan Nacional de Búsqueda.
- Los antecedentes se entregaron al ministro en visita Álvaro Mesa durante 2024 y 2025 mediante oficios del Programa de Derechos Humanos.
- La actual jefa del Plan de Búsqueda logró en tres meses lo que no se hizo en casi dos años, según Rabat.
Rabat, por su parte, sostuvo que la Subsecretaría de Derechos Humanos conoció el caso en marzo de 2024 y recién en junio de 2025 informó al juez. Calificó la demora como grave y ordenó un sumario administrativo.
El efecto dominó
El hallazgo de Bernarda Vera viva en Argentina —confirmado por ADN con más del 99,9999% de probabilidad— pone en entredicho las nóminas oficiales de detenidos desaparecidos del Informe Rettig. El Ministerio de Justicia ya inició una revisión de todos los casos y ofició al Consejo de Defensa del Estado para evaluar responsabilidades y eventuales devoluciones de pensiones.
La disputa entre Gajardo y Rabat refleja tensiones políticas sobre quién actuó correctamente, pero el fondo del caso sigue siendo el mismo: el Estado reconoció como víctima a una persona que nunca estuvo desaparecida, pagó reparaciones durante décadas a su familia y tardó más de un año en informar al poder judicial.