El estado de las cosas
En 2019, un médico anotó en la ficha de la paciente que tenía un cáncer urotelial de uréter derecho y que era imposible de tratar por una cardiopatía preexistente. Pese a que en 2020 la familia expresó dudas ante la falta de una biopsia, el hospital no realizó el examen. La paciente permaneció postrada, bajo tratamientos invasivos y esperando su muerte durante casi cinco años.
Los números que importan
- $60 millones para la paciente, por daño moral.
- $40 millones para su hija, quien actuó como cuidadora sin información clara durante todo el proceso.
- $100 millones es la suma total que deberán pagar el hospital y el Servicio de Salud de Tarapacá.
Entre líneas
La sentencia califica la negligencia como “inexcusable” y destaca que la institución violó el artículo 10 de la Ley 20.584, que obliga a entregar información veraz y oportuna al paciente. El tribunal no se limitó a reprochar el error inicial: también cuestionó que durante años no se respondiera a los reiterados pedidos de la familia. El dato clave es que ni siquiera se realizó un examen Urotax, una prueba básica indicada por los protocolos del Ministerio de Salud.
Lo que dice el fallo
El tribunal sostiene que no se trató de un simple diagnóstico erróneo, sino de una falta de servicio continuada. La paciente y su hija “manifestaron preocupación acerca de lo incierto del diagnóstico”, pero el hospital no corrigió el rumbo. La resolución concluye que “el daño deriva de la negligencia médica inexcusable de los demandados” y que la información entregada era incorrecta por no seguir los protocolos.
La imagen completa
El caso refleja cómo la ausencia de controles internos puede someter a una persona a años de sufrimiento innecesario. La indemnización busca reparar el daño moral, pero deja abierta la pregunta sobre qué cambios aplicará el servicio de salud para evitar que una situación así se repita.
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