Lo que sabemos (y lo que no)
La auditoría identificó múltiples fallas en los procesos de selección y control del INE. Estos son los principales hallazgos:
- 16 personas con antecedentes penales fueron contratadas como censistas. En 6 casos, la empresa reclutadora no validó los certificados ante el Registro Civil; en otros 10, el INE ni siquiera acreditó haber pedido dichos documentos.
- 14 extranjeros sin permiso laboral trabajaron en el censo. Cinco tenían residencias revocadas por diversos motivos.
- Más de 130 contratados no acreditaron los requisitos educacionales exigidos para los cargos de coordinador y gestor.
- 515 censistas recibieron pagos por $166 millones sin que el INE pudiera comprobar que realmente trabajaron.
- 267 personas tenían empleos simultáneos en otras instituciones públicas sin declararlo.
- Una exasesora del INE participó como evaluadora en una licitación donde la empresa adjudicada era de su representación legal.
La Contraloría ordenó al INE iniciar un sumario administrativo y remitió antecedentes al Ministerio Público. También formuló un reparo por $315 millones que deben ser restituidos al Fisco.
El dato clave
Los casos de censistas con antecedentes penales representan el 0,04% del total de 38.000 contratados, según el INE. Los extranjeros sin permiso son el 0,03%. El comité técnico asesor del censo calificó el proceso como "exitoso" y pidió dimensionar la magnitud de las irregularidades.
Lo que dicen
El biministro de Economía y Turismo, Daniel Mas, defendió la validez del censo y dijo que los datos "no están en duda". Sin embargo, apuntó al exministro Nicolás Grau como responsable político: "Todo el censo fue licitado e implementado por el gobierno anterior. El ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas".
El INE, por su parte, anunció que ya instruyó un sumario administrativo el 13 de marzo de 2026 y presentó denuncias ante el Ministerio Público. También solicitó a la Contraloría reconsiderar algunas observaciones relacionadas con multas y arriendos.
Qué sigue
La investigación penal del Ministerio Público determinará si existen delitos en las contrataciones. Paralelamente, el sumario administrativo del INE busca sanciones internas. En el plano político, el caso se suma a la acusación constitucional que ya enfrenta Nicolás Grau por su gestión en Hacienda. El gobierno actual ha pedido "investigar con rigurosidad y total transparencia".
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