Lo que está en juego
La fusión uniría dos de los cinco grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de streaming (HBO Max y Paramount+), cadenas de televisión como CNN, CBS y MTV, y enormes catálogos de franquicias. Los estados sostienen que la empresa resultante controlaría el 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% de los grandes estrenos, lo que presuntamente viola la Ley Clayton de 1914.
El fiscal de California, Rob Bonta, calificó la operación como “ilegal” y advirtió que generaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para los consumidores.
El estado de las cosas
La orden de restricción temporal fue emitida por la jueza Araceli Martínez-Olguín del Distrito Norte de California. La suspensión dura 14 días, pero puede extenderse hasta 28 mientras el tribunal evalúa una medida cautelar preliminar. La audiencia clave está fijada para el 3 de agosto.
En su fallo, la jueza señaló que los estados plantean “serias dudas” sobre el impacto anticompetitivo del acuerdo, y que la cuota de mercado combinada “permite presumir que la fusión probablemente viola las leyes antimonopolio”. Además, advirtió que permitir el cierre ahora haría “extraordinariamente difícil desenredar los huevos” si luego se bloquea la operación.
El efecto dominó
La pausa genera incertidumbre tanto para los empleados como para las finanzas de las compañías.
- Entre los trabajadores de Paramount, las opiniones están divididas: algunos temen despidos si se fusionan equipos con WBD, mientras otros creen que bloquear el acuerdo pondría en riesgo la viabilidad de la empresa.
- Si la fusión fracasa, Paramount debería pagar una multa de rescisión de 7.000 millones de dólares a WBD.
- A partir del 30 de septiembre, si el acuerdo no se cierra, Paramount tendría que pagar unos 7 millones de dólares por día a los accionistas de WBD (la llamada “ticking fee”).
- El sindicato de guionistas (WGA) ya presentó su propia demanda antimonopolio, centrada en el impacto sobre salarios y empleo.
Qué sigue
La jueza evaluará el 3 de agosto si convierte la pausa temporal en una medida cautelar que mantenga el acuerdo congelado durante todo el proceso judicial, que podría durar meses. Mientras tanto, la fusión también es revisada por autoridades de la Unión Europea y Reino Unido.
Si los estados logran la medida cautelar, el futuro de la operación dependerá de un fallo final que podría prohibirla definitivamente, o bien forzar a las empresas a renegociar los términos.