Por qué importa
Es la primera vez desde la Transición que un expresidente del Gobierno declara como imputado por corrupción. El juez mantiene abierta la investigación por tráfico de influencias, delito fiscal y contrabando, mientras el PSOE ve cómo su referente moral sigue bajo sospecha judicial.
El estado de las cosas
Calama justifica su decisión en que Zapatero tiene “visibilidad pública y manifiesto arraigo” y no hay indicios de intención de huir. Pero deja claro que los elementos que sustentan la imputación siguen vigentes.
Entre esos elementos, el juez destaca:
- La trazabilidad de transferencias bancarias de Zapatero vinculadas al rescate de 53 millones a Plus Ultra.
- El uso de múltiples sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar esos pagos.
- El contenido de dispositivos electrónicos incautados en registros de noviembre de 2025.
- Los mensajes de WhatsApp del empresario Rodolfo Reyes, enviados por EE.UU. sin orden judicial.
- Las joyas valoradas en 1,3 millones halladas en su despacho, “sin que se haya acreditado su origen ni liquidación tributaria”.
Lo que no se dice
El juez no impuso medidas cautelares a pesar de que el propio auto afirma que los indicios son suficientemente sólidos. Esto sugiere que el instructor considera que, por ahora, la investigación puede avanzar sin restringir la libertad del expresidente. La resolución evita también pronunciarse sobre la validez de la prueba del móvil de Reyes, cuestión que la defensa de Zapatero había planteado la semana pasada.
La reacción inmediata
Zapatero negó haber influido en el rescate y afirmó que las joyas fueron un regalo del rey saudí en 2007. Tras la comparecencia, emitió un comunicado pidiendo “confianza” a los ciudadanos y defendiendo su “decencia”, sin mencionar las joyas. La fiscalía y el PP ya han anunciado que recurrirán la decisión de no aplicar medidas cautelares.
Lo que viene después
La investigación sigue su curso. Zapatero deberá responder por escrito a nuevas preguntas del juez sobre las joyas, que hasta ahora no han obtenido respuesta. Además, la defensa del expresidente aún espera que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad de las pruebas obtenidas desde Estados Unidos.
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