Lo que está en juego
La disputa gira en torno a quién es responsable por las supuestas deficiencias técnicas. El Minvu acusó a la constructora y ordenó demoler las viviendas —56 cuatripareos avanzados, 84 a medio construir y 30 pareos simples—. La empresa sostiene que ejecutó exactamente el proyecto aprobado por el Serviu.
Si las demoliciones continúan sin peritaje, se perderían pruebas materiales sobre el cumplimiento contractual. El tribunal busca evitar eso.
La otra cara
La defensa de la Constructora San Sebastián, dirigida por el abogado Jaime Barrientos, argumentó ante el juez que:
- La demolición destruiría de forma irreversible la evidencia necesaria para acreditar que la empresa cumplió el contrato.
- Alteraría ilegítimamente la carga de la prueba, que corresponde al Serviu Valparaíso.
- Existiría una decisión ya tomada por el gobierno para eliminar las viviendas sin esperar un proceso judicial.
Barrientos afirmó tras el fallo que la compañía "ejecutó exactamente el proyecto que el Serviu aprobó" y advirtió que continuar con la demolición podría constituir "abuso de poder".
Qué sigue
El juez Luis García decretó una medida prejudicial probatoria: un informe técnico elaborado por un perito ingeniero o constructor civil. Mientras ese estudio no se realice, las demoliciones quedan paralizadas.
La resolución no resuelve el fondo del conflicto, pero fija un paso previo que podría definir responsabilidades en un eventual juicio. El Minvu deberá esperar el resultado del peritaje para retomar su plan.