Lo que está en juego
El proyecto tipifica como delito los “rayados, dibujos, mensajes, firmas u otras expresiones” no autorizadas en bienes públicos o privados. El INDH alertó que la redacción es tan amplia que podría alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por tratados internacionales.
- El informe del INDH pide modificar el articulado para evitar sancionar expresiones legítimas en el espacio público.
- El ministro Arrau sostiene que el arte no da derecho a intervenir lo ajeno y que la prioridad son los derechos de trabajadores, vecinos y contribuyentes afectados.
Entre líneas
La respuesta de Arrau no solo rebate el fondo técnico del informe, sino que cuestiona la legitimidad del INDH como organismo fiscalizador. Al decir “alguna vez esperamos verlos de su lado”, el ministro sugiere que el instituto debería alinearse con los afectados por el vandalismo, no con los responsables.
Detrás de la polémica asoma un debate más amplio: hasta dónde llega la libertad de expresión en el espacio público y si el Estado debe priorizar la protección patrimonial sobre otras garantías.
Las voces discordantes
La discusión dividió al arco político:
- Oposición (FA, PC): Defendió las observaciones del INDH. La diputada Lorena Fries (exdirectora del INDH) cuestionó la proporcionalidad de las sanciones y que se vinculen castigos con pérdida de derechos sociales. El diputado Luis Cuello afirmó que el proyecto “criminaliza y estigmatiza” expresiones juveniles.
- Oficialismo (UDI): Calificó el informe del INDH como “impresentable” y pidió la salida de su director, Yerko Ljubetic, acusando al organismo de “relativizar” conductas vandálicas.
- Gobierno: Además de Arrau, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, respaldó la postura oficial: “El arte y el vandalismo no son sinónimos”.
Qué sigue
El proyecto sigue su tramitación en la Cámara de Diputados con suma urgencia. En paralelo, senadores oficialistas solicitaron al Ejecutivo dar urgencia a la reforma del INDH, lo que podría escalar el conflicto entre el Gobierno y el organismo de derechos humanos.
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