Por qué importa
El proyecto tipifica como delito los rayados no autorizados en bienes públicos o privados, sin distinguir entre daño patrimonial, expresión artística o manifestación política. Esto podría afectar a muralistas, activistas y cualquier persona que se exprese en el espacio público. Además, las sanciones incluyen consecuencias como la no devolución de impuestos, que el INDH considera desproporcionadas al delito base.
El dato clave
El informe del INDH enumera varios reparos concretos:
- La definición del nuevo delito (artículo 486 bis del Código Penal) es "amplísima" al incluir "rayados, dibujos, mensajes, firmas u otras expresiones" sin criterios claros.
- No diferencia entre daño a la propiedad, expresión artística y protesta política.
- Vulnera los estándares del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Las sanciones asociadas (como suspender devolución de impuestos) vinculan bienes jurídicos distintos a la infracción original.
Lo que dicen
El director del INDH, Yerko Ljubetic, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara el miércoles de la semana pasada. En su minuta, el organismo concluye que la redacción del proyecto es incompatible con tratados internacionales y que, en los términos propuestos, "criminaliza la expresión artística".
Lo que viene
La discusión del proyecto continúa en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia. El INDH recomendó ajustar la redacción para excluir expresiones artísticas, culturales y políticas, y fijar criterios más precisos que eviten sancionar conductas protegidas por derechos humanos.
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