El panorama general
La Fiscalía Centro Norte, liderada por la fiscal Carolina Suazo, acreditó que la red pertenecía al Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más grandes de la región. Las víctimas eran mujeres captadas en Venezuela y Perú con falsas ofertas de trabajo, luego ingresadas ilegalmente a Chile y obligadas a prostituirse.
El negocio generó ingresos estimados en más de 1.700 millones de pesos entre 2021 y enero de 2023. Las autoridades rescataron a una menor de edad en noviembre de 2022, lo que activó la "Operación Turquesa" y desencadenó las condenas.
Cómo operaba la red
El tribunal dio por probado un sistema de control basado en deudas ficticias y violencia:
- Las víctimas debían pagar una "multa" de entre 3 y 5 millones de pesos por el traslado a Chile.
- Vivían hacinadas en departamentos vigilados con cámaras de seguridad, sin documentos ni teléfonos.
- Eran trasladadas a sectores como Plaza de Armas y Vicuña Mackenna para ofrecer servicios sexuales.
- Quienes desobedecían recibían castigos como disparos en las piernas, llamados "patero" dentro de la organización.
Además de trata, los condenados recibieron penas por asociación ilícita, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. Uno de ellos, Lewis Ponce Ortiz, sumó 12 años adicionales por esos delitos.
Lo que cambia
La condena a presidio perpetuo simple —con inhabilitación absoluta vitalicia para cargos públicos— marca un precedente en la persecución de la trata con fines sexuales en Chile. Sin embargo, la sentencia no revela si las víctimas recibirán reparación o si hay otras ramas de la organización aún activas.
El caso deja en evidencia la capacidad del Tren de Aragua para operar desde el centro de la capital durante meses, a la vista de miles de personas, sin ser detectado por completo hasta el rescate de una menor.