Por qué importa
La decisión del máximo tribunal aclara que los compradores pueden reclamar por problemas en zonas comunes aunque no sean daños estructurales. También limita la capacidad de las empresas para alargar los juicios apelando hechos ya probados.
Los argumentos que la Corte desestimó
- Las empresas sostuvieron que los defectos eran "terminaciones o acabados", con un plazo de prescripción de tres años ya vencido.
- También alegaron que los demandantes no presentaron pruebas suficientes sobre los daños y su costo de reparación.
- La Corte Suprema respondió que esas objeciones no alteraban la carga de la prueba, solo cuestionaban su suficiencia, lo que no es materia de casación.
Entre líneas
El fallo deja claro que el recurso de casación no permite reabrir la discusión de los hechos. Las empresas intentaron que el tribunal revisara nuevamente las pruebas, pero la Corte recordó que esa facultad corresponde exclusivamente a los jueces de instancia.
Qué sigue
La condena es firme e inapelable. Las dos empresas deben pagar los $50 millones de forma solidaria. No quedan instancias judiciales en Chile para revertir la decisión.