El estado de las cosas
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 13 de julio una audiencia donde se discutirá tanto la preparación del juicio oral como la reapertura de la investigación. La fiscalía estima que Torrealba causó un perjuicio fiscal de $72.943.166.
Lo que pide la defensa
Según el escrito presentado por los abogados Francisco Velozo y Cristián Bawlitza, las diligencias solicitadas incluyen:
- Obtener antecedentes de 18 organismos públicos y privados: Municipalidad de Vitacura, Contraloría, SII, conservadores de bienes raíces, AFP, isapres y bancos.
- Investigar cuentas bancarias, bienes y movimientos financieros de exfuncionarios que formaban parte del círculo de confianza de Torrealba.
- Analizar patrimonios, inversiones, vehículos y otros productos financieros de familiares de esos excolaboradores.
La reacción de la querellante
Alejandro Espinoza, abogado de la Municipalidad de Vitacura, dijo que la defensa tiene derecho a pedir la reapertura, pero advirtió que cualquier diligencia debe ser “pertinente y no dilatoria”. El objetivo, señaló, es que el caso avance a juicio lo antes posible.
Qué sigue
El 13 de julio se definirá si la investigación se reabre o si el proceso sigue su curso hacia el juicio oral. La solicitud de Torrealba coincide con la fecha ya agendada para la preparación de esa instancia.
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