El trasfondo
En 2022, la Municipalidad de Santiago intentó adquirir el inmueble de la ex clínica Sierra Bella por un valor de 8.000 millones de pesos, pero la Contraloría determinó que el precio real era inferior a 3.000 millones en ese momento. La operación nunca se concretó, pero el sumario reveló vicios en el proceso de compra y mandatos entregados a un abogado de la contraparte.
El organismo contralor sancionó a nueve funcionarios municipales, seis de ellos con destitución. Hassler, hoy diputada del Partido Comunista, no enfrenta sanciones penales por esta causa, pero el informe administrativo la responsabiliza directamente.
Lo que dicen
Los concejales oficialistas sustentan su acción en un artículo de la ley que permite al TER evaluar si una autoridad ha incurrido en una falta grave a sus deberes. En la sesión se enfrentaron dos posturas:
- Sector oficialista (seis concejales): “Es nuestro rol fiscalizador. Entregaremos todos los antecedentes al TER para esclarecer los hechos”, señaló el concejal Luis Mackenna (UDI).
- Oposición (PC y aliados): La concejala Camila Davagnino (PC) calificó la sesión como “improcedente” y aseguró que “el informe de Contraloría no aporta nada nuevo a una causa que ya está sobreseída”. El alcalde Desbordes replicó que “la exalcaldesa no está sobreseída por estos hechos; es absolutamente falso”.
Entre líneas
La disputa trasciende el caso concreto. Mientras Desbordes busca capitalizar políticamente el informe de Contraloría para debilitar a su antecesora, los concejales del PC defienden la gestión de Hassler y acusan una maniobra electoral. El sumario no implicó una querella penal contra la exalcaldesa, pero la municipalidad ya presentó una acción judicial paralela que fue declarada admisible.
La pugna refleja la tensión entre la actual administración de centroderecha y el anterior gobierno local del PC, en una comuna clave para la política chilena.
Qué sigue
En los próximos días, los seis concejales presentarán formalmente el requerimiento ante el TER Metropolitano. El tribunal deberá evaluar si existen méritos para iniciar un proceso por notable abandono de deberes, que podría derivar en la inhabilitación de Hassler para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, el caso sigue abierto tanto en sede administrativa como judicial.
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