Por qué importa
El caso pone bajo escrutinio judicial una operación municipal que comprometió más de 8.252 millones de pesos para crear la primera clínica pública de la comuna de Santiago. La Contraloría ya estableció responsabilidad administrativa de Hassler por vulnerar el principio de probidad.
La admisibilidad de la querella abre la puerta a que la justicia penal evalúe si hubo delito, más allá de las sanciones que ya aplicó el actual alcalde, Mario Desbordes, el 9 de mayo pasado.
Los números que importan
- Monto de la compra autorizada: $8.252.873.341.
- Decreto de pago N°187: emitido de forma anticipada y sin decreto alcaldicio habilitante, según la acusación.
- Decreto alcaldicio N°810: firmado por Hassler omitiendo el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal.
Lo que dicen
La querella sostiene que la administración de Hassler gestionó el patrimonio municipal de manera desleal. Entre las irregularidades que enumera están:
- Un mandato especial irrevocable otorgado al abogado de la parte vendedora, redactado en colaboración con exfuncionarios municipales.
- La emisión de un decreto de pago sin la habilitación legal previa.
- La omisión deliberada del control interno que garantiza la legalidad de los actos administrativos.
Qué sigue
El Ministerio Público deberá evaluar las diligencias solicitadas por el municipio y decidir si formaliza la investigación penal. Mientras tanto, la causa civil por el precio de compraventa del inmueble sigue su curso.
T13
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