Por qué importa
Chile enfrenta un aumento sostenido de fraudes migratorios mediante uniones civiles ficticias. La ley actual no castiga específicamente esta conducta, lo que permite que tanto ciudadanos chilenos como extranjeros participen sin consecuencias penales.
El dato clave
Las solicitudes de residencia basadas en matrimonios o acuerdos de unión civil crecieron de 1.946 en 2024 a más de 4.200 en 2025. En lo que va de 2026 ya se registran 2.268 peticiones. Además, se han detectado agencias que ofrecen servicios de “novios de papel” para migrantes.
Qué dice el proyecto
La moción modifica la ley migratoria para incorporar un nuevo artículo que sanciona:
- Quienes celebren un matrimonio o AUC con una persona extranjera en situación irregular para obtener residencia, nacionalidad u otros beneficios: presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de 10 a 20 UTM (entre $716.000 y $1.433.000).
- Reincidentes que hayan celebrado uniones similares con distintas personas extranjeras: presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 21 a 50 UTM.
- Organizadores o intermediarios que faciliten estas uniones con ánimo de lucro: presidio mayor en su grado mínimo y multa de 51 a 100 UTM. La misma sanción aplica a quienes participen reiteradamente como intermediarios.
Además, el proyecto ordena revocar todos los beneficios migratorios obtenidos mediante este fraude.
Qué sigue
La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso. Su autor sostiene que busca terminar con la impunidad de una práctica que, según afirma, “vulnera la ley de migraciones y la administración pública”.