El Supremo revisará si DOGE debe entregar documentos públicos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó revisar la apelación del Gobierno de Trump para impedir que un grupo de vigilancia obtenga registros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE.
La organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) sostiene que DOGE es una agencia federal sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA).
El Gobierno afirma que DOGE es un órgano asesor presidencial exento de esa ley y que divulgar documentos afectaría la confidencialidad y autonomía de los asesores.
¿Qué información pide CREW?
CREW presentó su solicitud a comienzos de 2025; pidió datos sobre la estructura de DOGE, sus facultades y sus operaciones durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.
Tras una intervención anterior del Supremo, el grupo acotó sus solicitudes a directrices para cancelar contratos y despedir empleados; afirma que no busca comunicaciones con la Casa Blanca.
DOGE tuvo un papel destacado en despidos federales y cancelaciones de contratos, y en el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
¿Qué ocurrió en los tribunales?
Un juez federal permitió recabar información limitada sobre la estructura y autoridad de DOGE, además de tomar declaración bajo juramento a su administradora interina, Amy Gleason.
El Supremo ya había limitado en junio de 2025 una orden que exigía entregar miles de páginas; el litigio continuó y tribunales inferiores fallaron a favor de CREW.
La solicitud de registros permanece suspendida mientras avanza el caso; los argumentos ante el Supremo probablemente se celebrarán a comienzos de 2027 y el fallo llegaría ese verano.