El panorama general
La ley Escuelas Protegidas buscaba fortalecer el control policial y la disciplina en los establecimientos educacionales. El TC determinó que varias de sus disposiciones no superaban la revisión constitucional, reafirmando que los derechos de los menores están por sobre ciertas medidas de seguridad.
Entre líneas: el voto dirimente
La votación estuvo reñida. Marzi, cercana al Frente Amplio y nombrada en 2022, usó tres veces su voto dirimente para definir la sentencia. Esto refleja la división interna del tribunal entre ministros de perfil más conservador y los de centroizquierda.
Qué dice la sentencia
El TC declaró inconstitucionales las siguientes disposiciones:
- Intervención policial: la obligación de los sostenedores de informar a Carabineros o la PDI cuando un apoderado no llegara a buscar a un estudiante. El tribunal estimó que no cumplía con la proporcionalidad constitucional y carecía de regulación precisa para menores de edad.
- Registro de vestimentas y mochilas: la facultad policial para revisar efectos personales sin orden de un fiscal. Se consideró una vulneración a la vida privada y libertad personal.
- Prohibición de vestimentas: la norma que censuraba ropa con apología a la violencia o las drogas. El TC la calificó como arbitraria e indeterminada.
- Pérdida de gratuidad: la inhabilidad para acceder al beneficio universitario para estudiantes con condenas por delitos en recintos educativos. El fallo señaló que convertir derechos sociales en castigos es discriminatorio y afecta el derecho a la educación.
- Exclusión de admisiones: la norma que impedía postular a alumnos expulsados de otros establecimientos.
La reacción inmediata
La oposición celebró el fallo. La diputada Tatiana Urrutia señaló que "no se puede usar la gratuidad como castigo ni convertir derechos sociales en instrumentos de exclusión".
Desde el oficialismo, el senador Rojo Edwards (Ind.-RN) calificó la decisión como "un fallo tremendamente político" que beneficia a un sector político específico.
Qué sigue
El gobierno deberá reingresar las disposiciones anuladas si quiere mantener el espíritu de la ley, pero con un texto que se ajuste a los parámetros constitucionales fijados por el TC. El Congreso también podría impulsar nuevas iniciativas para abordar la seguridad escolar desde otros ángulos.