El panorama general
La operación buscaba que el Estado comprara el inmueble de Allende en Providencia, junto con la casa del expresidente Patricio Aylwin, para convertirlos en museos. Sin embargo, el hecho de que las vendedoras fueran Maya Fernández e Isabel Allende –ambas familiares del exmandatario– desató cuestionamientos por un posible conflicto de interés. En el caso de la senadora, la Constitución prohíbe que parlamentarios celebren contratos con el Estado, lo que derivó en su destitución.
Lo que dicen
Las posturas quedaron divididas tras la resolución judicial:
- Defensa (Paula Vial): valoró el cierre y afirmó que "aquí no hubo delito alguno". Calificó el proceso como "ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas".
- Querellante (Raimundo Palamara): criticó que "quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional". Denunció que más de 50 funcionarios públicos trabajaron en un contrato "inviable" que, según él, buscaba dar un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones.
Entre líneas
La Fiscalía tomó la decisión de no perseverar basándose en un criterio del Tribunal Constitucional que permite cerrar investigaciones incluso sin formalización. El querellante acusó que no se cuantificó el daño fiscal ni se evaluó la prueba reunida, y aseguró que existieron presiones de asesores de Isabel Allende sobre la Contraloría para validar el contrato.
Qué sigue
El caso queda cerrado judicialmente, aunque el abogado Palamara sostiene que la investigación podría reabrirse en el futuro si surgen nuevos antecedentes. Por ahora, el fin del proceso confirma la postura de la defensa y cierra un capítulo político que marcó el final del gobierno de Boric.