La propuesta
El informe técnico, elaborado por los jefes comunales, plantea los siguientes cambios:
- Sustituir las rebajas automáticas de pena por un sistema de proporcionalidad basado en el delito concreto.
- Eliminar los beneficios de remisión automáticos para delitos violentos.
- Exigir que el juez que condena también supervise la ejecución de la sanción, considerando los antecedentes de la víctima y la evolución del adolescente.
- Agravar la responsabilidad de los adultos que utilizan a menores para cometer delitos.
Lo que dicen
Sebastián Sichel (Ñuñoa) señaló que "no solo queríamos preocuparnos, queríamos ocuparnos" y pidió "penas más duras para menores entre 16 y 18 años para que sean condenados efectivamente". El ministro García Ruminot habría informado que ya se le puso suma urgencia al proyecto de ley del senador Longton, actualmente en discusión en el Congreso.
El estado de las cosas
Los alcaldes presentes fueron Jaime Bellolio (Providencia), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Camila Merino (Vitacura), María Isabel Valenzuela (Colina), Paula Garate (Melipilla) y Carol Bown (San Miguel). El documento propone ajustes "en la determinación de la pena, en la selección de la sanción, en la ejecución, en la sustitución, en la remisión, en la intervención técnica, en la participación de la víctima y en la responsabilidad agravada de los adultos".
Lo que cambia
A diferencia de solicitudes anteriores que solo pedían bajar la edad penal o elevar penas, esta propuesta apunta a rediseñar el proceso completo. Critica la "lógica puramente aritmética" que permite rebajas automáticas y propone que los tribunales evalúen cada caso con información de la víctima y seguimiento real del menor infractor.