Cómo llegamos aquí
La Comisión realizó inspecciones sorpresa en las sedes de las compañías en octubre de 2023. Ahora, tras casi tres años de pesquisas, envió pliegos de cargos a cada entidad. Según Bruselas, la coordinación ocurrió en el marco de la preparación de comunicados de prensa dentro de las asociaciones nacionales, cuyo objetivo era justificar los incrementos ante los clientes.
El contexto: la pandemia de COVID-19 primero y la guerra en Ucrania después dispararon los costos de las materias primas, lo que las empresas habrían aprovechado para pactar subidas de forma ilegal.
El dato clave
Las compañías y asociaciones señaladas se dividen por país:
- España: Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación ANFAH.
- Francia: Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM y la asociación SYNAD.
- Alemania: Cemex, Ha‑be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika y la asociación Deutsche Bauchemie.
En total, más de diez empresas y tres asociaciones están bajo la lupa.
Lo que no se dice
El pliego de cargos solo refleja las conclusiones preliminares de Bruselas. Las entidades acusadas tienen derecho a responder y presentar pruebas. La Comisión aún no ha fijado una multa ni determinado si hubo un daño concreto al mercado. El uso de asociaciones profesionales como plataforma de coordinación es un método poco visible pero efectivo para alinear precios sin dejar rastro directo de acuerdos explícitos.
Qué sigue
Las empresas señaladas disponen de un plazo (sin fecha límite concreta) para presentar alegaciones. La Comisión evaluará los argumentos antes de tomar una decisión final. Si confirma las infracciones, podrá imponer multas de hasta el 10% de la facturación global de cada compañía. El proceso podría extenderse varios meses.
La imagen completa
Este caso muestra cómo la autoridad de competencia europea mantiene su vigilancia sobre sectores estratégicos como la construcción. La coordinación de precios mediante comunicados públicos —aparentemente legítimos— es una práctica que Bruselas considera una forma de colusión, especialmente cuando ocurre en momentos de alta inflación de materias primas. La resolución sentará un precedente para futuras investigaciones en industrias donde las asociaciones gremiales tienen fuerte presencia.