Por qué importa
Esta no es la primera queja contra Peinado: acumula siete anteriores, de las cuales cuatro ya fueron archivadas y dos siguen en investigación. La diferencia es la velocidad de la reacción del CGPJ, que convocó la reunión la misma noche del sábado.
El caso pone sobre la mesa la tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo. Mientras el Gobierno usa el argumento de Peinado como ejemplo de lawfare, el CGPJ debe decidir si actuar contra un juez por sus afirmaciones sobre la Policía.
El dato clave
- La infracción que se analiza es el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración" hacia instituciones o funcionarios de Policía Judicial.
- El Ministerio del Interior emitió un comunicado de queja el sábado por la noche, respaldado por los principales sindicatos policiales.
Lo que no se dice
El auto de Peinado también comparó las presuntas conductas de Gómez con actos del reinado de Fernando VII. Ese razonamiento, aunque polémico, no es el que motiva la posible sanción. El foco está únicamente en sus acusaciones contra la Policía.
Además, el CGPJ está compuesto por cuatro vocales conservadores y tres progresistas. La decisión de abrir expediente requerirá mayoría, y no está claro si el bloque conservador apoyará una sanción a un juez que ha sido respaldado por sectores críticos con el Gobierno.
Qué sigue
La comisión permanente debatirá si ordena la apertura de un expediente disciplinario. Si avanza, Peinado podría enfrentar una suspensión temporal o una multa. Mientras tanto, el juicio oral contra Begoña Gómez sigue su curso, con un jurado popular previsto antes de las elecciones generales.
La imagen completa
El caso Peinado se ha convertido en un termómetro de la relación entre Justicia y Política en España. La investigación a Gómez comenzó en abril de 2024 y ha sido corregida por instancias superiores y criticada por la Fiscalía. Ahora, el propio juez instructor está bajo la lupa del órgano de gobierno judicial, en un contexto donde otros allegados a Sánchez también enfrentan causas judiciales.