El panorama general
Boseman falleció en agosto de 2020 sin dejar testamento. Según la ley de California, su patrimonio se dividió en partes iguales entre Ledward (50%) y sus padres, Leroy y Carolyn (25% cada uno). Una resolución judicial de 2022 ordenó la distribución de los fondos, pero los hermanos sostienen que Ledward no ha cumplido.
El patrimonio incluye unos 3,8 millones de dólares en efectivo, cuentas de retiro, una póliza de seguro de cuidados a largo plazo y la empresa Chadwick Boseman Inc., que gestiona los derechos sobre el nombre y la propiedad intelectual del actor.
Lo que dicen
La petición de Kevin y Derrick Boseman detalla varias acusaciones contra Ledward:
- No ha transferido activos que corresponden a los padres, como una póliza de seguro de 40.000 dólares que debía entregarse a Carolyn según la orden de 2022.
- No ha rendido cuentas sobre pagos residuales de SAG-AFTRA ni sobre una cuenta bancaria no revelada previamente.
- Ha ejercido control unilateral sobre Chadwick Boseman Inc., nombrándose directora ejecutiva sin realizar reuniones de directorio, y manteniendo a la familia sin información sobre las operaciones.
- Oculta activos a la familia y al tribunal, según la solicitud.
Los hermanos piden que el tribunal designe a un contador forense, Jason Rubin, como administrador del patrimonio.
Entre líneas
Más allá de los bienes materiales, el conflicto toca el control del legado de Boseman. Ledward ha sido la cara pública en homenajes póstumos —aceptó su Emmy póstumo y su estrella en el Paseo de la Fama— mientras que Derrick Boseman habló en su nombre cuando el actor fue nombrado Leyenda de Disney. La pugna por la administración de la herencia refleja una disputa sobre quién tiene autoridad para decidir el uso de su imagen y su obra.
Qué sigue
El tribunal de Los Ángeles debe resolver la solicitud de los hermanos. Si acepta remover a Ledward, nombrará un administrador externo que se encargue de distribuir los activos pendientes y supervisar la gestión de Chadwick Boseman Inc. La viuda también enfrenta una posible orden de desacato por no cumplir con la resolución de 2022.