Por qué importa
Este caso refleja cómo la ampliación acelerada de la detención migratoria puede generar riesgos para los detenidos y un uso ineficiente de fondos públicos. La GAO, brazo auditor del Congreso, encontró violaciones que van desde la pérdida de evidencia en una muerte hasta la exposición a tuberculosis.
Los números que importan
- Capacidad: 5.000 detenidos, pero nunca operó a plena capacidad.
- Gasto sin detenidos: el Ejército y ICE pagaron 11,5 millones de dólares entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 por servicios cuando aún no había migrantes alojados.
- Comidas pagadas de más: 7,1 millones de dólares entre octubre de 2025 y marzo de 2026 por raciones para 5.000 personas, pese a que la población real era menor.
- Muertes: tres detenidos fallecieron, incluido un migrante cubano de 55 años en enero de 2026 tras ser inmovilizado por guardias.
Lo que no se dice
El informe detalla que en el caso del migrante cubano, parte de la evidencia fue "destruida o desapareció", lo que dificultó la investigación. Además, un detenido escapó en octubre de 2025 por fallos de supervisión del contratista, y en enero de 2026 un guardia perdió un arma cargada dentro de la instalación que nunca se recuperó. El contratista inicial, Acquisition Logistics, no tenía experiencia previa en centros de detención y fue reemplazado en marzo de 2026 por Amentum Services.
Qué sigue
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el nuevo contratista permitirá mejorar los estándares y la atención médica en el lugar. El informe de la GAO servirá como base para posibles acciones del Congreso y demandas de supervisión más estrictas.
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