El estado de las cosas
El sistema de reparación español es inusual porque da al gobierno un rol decisivo en los pagos, aunque no es legalmente vinculante. Según datos oficiales, cerca de 430 víctimas ya han acudido a la oficina de reparación desde su apertura hace dos meses, el triple de las que contactaron al plan anterior de la Conferencia Episcopal.
- El plan da un año para solicitar compensación.
- Algunos grupos de víctimas lo ven como un avance, pero otros lo consideran insuficiente.
Lo que dice el Papa
En su discurso ante la Conferencia Episcopal Española, León XIV afirmó que la comunidad eclesial debe responder con "escucha, verdad, justicia, reparación y un compromiso decidido en la prevención". Dijo que cada persona herida debe encontrar "caminos reales de sanación".
El pontífice también se refirió al tema en el Congreso de los Diputados, donde criticó la "descalificación permanente del adversario" y abogó por limitar el poder público.
Las voces discordantes
Varias asociaciones de víctimas, como ANIR, Justice Initiative España y otras, denunciaron no haber sido invitadas al encuentro con el Papa. Se concentraron frente a la Nunciatura para protestar por lo que consideran una selección sesgada de los supervivientes.
Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada, señaló que el encuentro solo incluyó a víctimas vinculadas al proyecto Repara del Arzobispado de Madrid, lo que calificó como un intento de "limpiar la imagen" de la Iglesia.
Entre líneas
La reunión privada duró cerca de una hora. El Vaticano aseguró que el Papa escuchó "con afecto y atención" y se comprometió a usar las propuestas recibidas para futuros esfuerzos. Sin embargo, las asociaciones críticas sostienen que el gesto no es suficiente si no hay cambios profundos en la gestión de los casos y una escucha inclusiva.
Qué sigue
La visita del Papa a España continúa durante la semana, con paradas previstas en la Abadía de Montserrat, donde se anticipan protestas. El sistema de reparación sigue abierto para nuevas solicitudes, mientras la Iglesia y el gobierno negocian su implementación.