La polémica comenzó a finales de julio cuando se reveló que la empresa pública había adquirido el ático en el distrito de Chamberí. La administración regional primero lo presentó como una oficina temporal por obras en la Real Casa de Correos, pero luego dijo que lo pondría a la venta.
La denuncia busca que la Fiscalía investigue posibles delitos de prevaricación o malversación y reclama la devolución de los fondos públicos. El PSOE pide la dimisión de Ayuso, mientras el Ejecutivo madrileño niega irregularidades y asegura que fue una decisión ordinaria.