El panorama general
Díez está imputada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en dos causas distintas: una en la Audiencia Nacional y otra en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Los jueces investigan si sus actividades para obtener información sensible y presionar a funcionarios judiciales fueron realizadas por cuenta propia o con apoyo de estructuras del partido.
Los números que importan
Según la documentación entregada al juez Arturo Zamarriego, los pagos se dividen en dos contratos:
- Primer período: 32.903 euros entre septiembre de 2015 y febrero de 2017.
- Segundo período: 11.956 euros entre marzo y septiembre de 2017, que incluye una indemnización por rescisión anticipada.
- Total: 44.859 euros por servicios de asesoría técnica en comunicación.
El partido adjuntó contratos firmados, cartas de rescisión, 26 facturas y transferencias bancarias. Aclaró que la cifra inicial de 15.000 euros era incompleta porque solo reflejaba los pagos de 2017.
Entre líneas
El PSOE asegura que estos pagos son anteriores a las actividades delictivas que se investigan (presuntamente ocurridas entre 2024 y 2025). Sin embargo, la discrepancia entre lo declarado en diciembre y lo corregido ahora plantea preguntas sobre la transparencia inicial del partido ante el juez. El magistrado pidió más datos después de que la acusación popular ejercida por Hazte Oír solicitara detalles adicionales.
Qué sigue
El juez Santiago Pedraz levantó parcialmente el secreto de las actuaciones, permitiendo que se conozcan detalles de los registros en la sede del PSOE. La investigación sigue abierta, y los tribunales deben determinar si existe vinculación entre los pagos y las supuestas maniobras para entorpecer causas judiciales.
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