El trasfondo
El gobierno británico proscribió a Palestine Action en julio de 2025. Desde entonces, ser miembro o mostrar apoyo al grupo es un delito penal con penas de hasta 14 años de prisión.
- En febrero de 2026, el Tribunal Superior declaró la prohibición desproporcionada e ilegal.
- En junio de 2026, el Tribunal de Apelación revocó esa decisión y confirmó la validez de la prohibición.
- Ammori solicitó entonces llevar el caso al Tribunal Supremo.
Lo que está en juego
Mientras la Corte Suprema no se pronuncie, la situación legal de los detenidos sigue en el aire. Algunos datos clave:
- 77 personas fueron arrestadas hoy en una protesta frente al Tribunal de Magistrados de Westminster.
- Más de 3.500 arrestos se han realizado desde que entró en vigor la prohibición.
- Más de 1.500 personas enfrentan cargos por apoyar al grupo en protestas masivas realizadas el año pasado.
Entre líneas
El Tribunal Supremo solo concedió a Ammori la apelación en un punto concreto: que la entonces ministra del Interior aplicó incorrectamente su propia política. Rechazó impugnar la prohibición bajo el argumento de interferencia con la libertad de expresión y asociación.
Esto limita el alcance del recurso y deja intacta la base legal que justifica la prohibición como medida de seguridad nacional.
La reacción inmediata
Ammori vinculó las detenciones de hoy con su caso judicial. Dijo que la prohibición se ha convertido en "un vehículo para una represión mucho más amplia contra las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino".
Qué sigue
La audiencia del Tribunal Supremo será acelerada y se espera entre octubre y diciembre de 2026. Hasta entonces, los procesos de los más de 3.500 arrestados permanecerán congelados.