Lo que está en juego
El proyecto Escuelas Protegidas busca endurecer medidas contra la violencia en colegios. Pero los parlamentarios opositores sostienen que cuatro disposiciones específicas afectan derechos de niños y adolescentes. El gobierno, por su parte, defiende la constitucionalidad de la ley y ya fichó al exministro Juan José Ossa —militante de RN— para liderar la defensa ante el TC.
Las normas cuestionadas
Los requirentes objetan estos puntos:
- Revisión de mochilas: autoriza a los establecimientos a inspeccionar bolsos y efectos personales mediante reglamentos internos.
- Registro policial sin orden: permite a Carabineros y PDI revisar vestimenta y pertenencias dentro de los colegios sin autorización de un fiscal.
- Prohibición de vestimentas: obliga a vetar ropa o accesorios que hagan apología de la violencia, drogas o conductas delictuales. Los opositores la consideran demasiado amplia e indeterminada.
- Pérdida de gratuidad: inhabilita por cinco años el acceso a la gratuidad en educación superior para quien sea condenado por delitos cometidos en contexto educativo. Los parlamentarios la califican como una doble sanción que discrimina socioeconómicamente.
La defensa del gobierno
El Ejecutivo argumenta que el proyecto es necesario ante la escalada de violencia en los planteles. “No puede haber un buen proceso de enseñanza sin tranquilidad”, afirmó Ossa al asumir la defensa. El exministro insistió en que las normas se ajustan a la Constitución y que la admisibilidad no anticipa el fallo final.
Qué sigue
El TC, con sus diez ministros titulares, pasará ahora a estudiar el fondo del asunto. No hay plazo fijo para el pronunciamiento. Mientras tanto, la ley sigue en tramitación, pero su entrada en vigor queda en suspenso hasta que se resuelva la controversia constitucional.
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