Entre líneas
El TC acogió los argumentos de la oposición, que cuestionaba que las normas violaban derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la igualdad ante la ley. La decisión fue tomada por un pleno de 10 ministros, siete de ellos nombrados durante el gobierno anterior.
El tribunal no impugnó la totalidad de la ley, sino que eliminó sus medidas más controvertidas. Entre ellas:
- La facultad de Carabineros y la PDI para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes sin orden de un fiscal.
- La obligación del colegio de llamar a la policía si un apoderado no llegaba tras la negativa del alumno a ser revisado.
- La inhabilidad de hasta cinco años para acceder a la gratuidad universitaria para condenados por delitos graves.
- Sanciones por interrupción de clases y prohibiciones de vestimentas con apología a la violencia.
El panorama general
El proyecto Escuelas Protegidas nació como respuesta al asesinato de una profesora en Calama y al ataque a la ministra de Ciencia en Valdivia, ambos ocurridos entre marzo y abril de este año. El gobierno apostó por herramientas de control y sanciones duras, pero el TC consideró que esas medidas excedían los márgenes constitucionales.
La oposición, que antes criticaba al tribunal como una “tercera cámara”, recurrió a él para frenar lo que consideraba una ley autoritaria. Ahora celebra el fallo y advierte que otros proyectos similares podrían correr la misma suerte.
Qué sigue
El gobierno anunció que esperará los fundamentos del fallo antes de decidir cómo proceder. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que mantienen herramientas para mejorar la seguridad escolar y que buscarán avanzar en las materias objetadas.
En la oposición, en tanto, ven el fallo como un mensaje directo al Ejecutivo: cualquier intento de condicionar beneficios sociales a condenas penales podría ser declarado inconstitucional. El debate se traslada ahora a otros proyectos en tramitación.