Por qué importa
La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, ordena crear una "lista estatal de ciudadanos" con votantes elegibles y exige que el Servicio Postal entregue boletas por correo solo a quienes aparezcan en esa lista. También instruye al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones contra funcionarios que emitan boletas a personas no elegibles.
- Los estados demandantes (todos con gobernadores demócratas) argumentan que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la facultad de fijar reglas electorales, no al presidente.
- La jueza federal Indira Talwani bloqueó la orden en junio, y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ratificó esa decisión el fin de semana pasado.
El estado de las cosas
El gobierno presentó una apelación de emergencia. El procurador general, D. John Sauer, sostiene que la orden es "mera orientación política general" y que el fallo inferior interfiere indebidamente en el poder ejecutivo. La Corte Suprema pidió a los estados demandantes responder antes del 3 de agosto.
Por ahora, la orden no puede aplicarse en los 23 estados demandantes ni en Washington D.C. En el resto del país, su implementación sigue incierta mientras los tribunales evalúan su legalidad.
Entre líneas
El caso no es solo sobre voto por correo. La administración ha impulsado otras medidas, como la ley "Save America" —que exigiría prueba documental de ciudadanía para votar— y demandas contra 29 estados para obtener copias de sus padrones electorales. Críticos señalan que estas acciones buscan restringir el acceso al voto, mientras el gobierno las defiende como medidas contra el fraude electoral, un fenómeno que estudios muestran como extremadamente raro.
Lo que sigue
La Corte Suprema debe decidir si interviene antes de las elecciones de noviembre. Su decisión podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial para modificar reglas electorales a nivel federal. También podría ser una de varias disputas electorales que lleguen al tribunal antes de los comicios de medio término.