Por qué importa
La investigación judicial apunta a una posible interferencia política en el sistema judicial y en el cuerpo policial desde el interior del partido en el Gobierno. Implica a máximos mandos del Instituto Armado y expone pagos encubiertos del PSOE a actividades que, según la UCO, buscaban desbaratar causas legales.
El panorama general
La trama se activó en abril de 2024, cuando Sánchez suspendió su agenda tras la imputación de su esposa. A partir de ahí, Cerdán y Díez coordinaron operaciones para obtener información y difundirla con el fin de desacreditar a jueces y fiscales. La UCO sostiene que Cerdán usó la estructura del partido —personal, sedes, logística— para financiar estas actividades, y que altos cargos de Interior presionaron a agentes para "ponerse de perfil" en investigaciones sensibles.
Entre líneas
- La UCO identifica a Cerdán como el "rol superior" que dirigía la trama y a Díez como ejecutora sobre el terreno.
- El entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, habría exigido a la UCO que no profundizara en casos con "afectación política", según el sumario.
- El exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías aparece como intermediario: desde su empresa canalizó pagos a Díez y se incautaron casi 20.000 euros en efectivo en su domicilio.
Los números que importan
- 20.000 euros: cantidad hallada en dos sobres en casa de Zarrías durante el registro.
- 16.000 euros: lo que Zarrías pagó a Leire Díez en cuatro meses (junio a septiembre de 2024) mediante un contrato laboral simulado.
- 20.000 euros: factura del PSOE al pseudomedio Crónica Libre, fechada el 27 de mayo de 2024, que la UCO vincula con pagos a la periodista Patricia López por difundir información favorable a la trama.
- 45.000 euros: cantidad que el PSOE reconoció haber pagado a Leire Díez como periodista, muy superior a los 15.000 euros iniciales.
Lo que dicen
El PSOE circunscribe la trama a Cerdán y Díez y asegura que Sánchez no conocía las actividades. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, calificó los hechos como "comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos". La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, niega haber gestionado para torpedear causas judiciales, aunque la UCO constató al menos tres reuniones con Díez.
Qué sigue
El juez Pedraz continúa investigando. Están citados varios implicados y se espera que el sumario se amplíe con nuevas diligencias. La Audiencia Nacional deberá determinar si existió una organización criminal que operó desde la sede del PSOE para interferir en la justicia.