Cómo llegamos aquí
- El proyecto de Registro Nacional de Actos Vandálicos, impulsado por el Ejecutivo con suma urgencia, busca restringir beneficios estatales a personas condenadas por ciertos delitos, incluidos rayados no autorizados.
- El martes, el INDH entregó un informe de 24 páginas a la Cámara de Diputados advirtiendo que la redacción “amplísima” del artículo 486 bis del Código Penal puede alcanzar expresiones artísticas y políticas protegidas por el derecho internacional.
- Ese mismo día, el ministro Arrau respondió en redes sociales acusando al INDH de “romantizar el vandalismo”. Horas después, Undurraga emitió su declaración.
Lo que dice Undurraga
El ministro de las Culturas señaló que la libertad de creación merece protección, pero no toda intervención sobre bienes públicos o privados puede justificarse en nombre de la cultura. Agregó que “confundir el arte con acciones que dañan bienes públicos, privados o nuestro patrimonio solo empobrece el debate y termina perjudicando el valor que tiene la creación artística”.
También afirmó que “defender la cultura también implica promover el respeto por los espacios que compartimos” y pidió “una discusión seria que distinga entre ambos, sin caricaturas ni simplificaciones”.
Entre líneas
La postura de Undurraga introduce un matiz dentro del oficialismo. Mientras Arrau enfatizó la defensa de la propiedad y el orden público, Undurraga pone el foco en proteger la creación artística legítima sin avalar daños. Esto sugiere que el gobierno busca evitar que la discusión se reduzca a un enfrentamiento binario entre “libertad absoluta” y “represión”.
El ministro también criticó “caricaturas y simplificaciones”, una posible referencia tanto al informe del INDH como a la reacción de Arrau. Su intervención muestra que el Ejecutivo no rechaza por completo las observaciones del organismo, pero sí defiende que el proyecto no debe equiparar toda expresión en el espacio público con vandalismo.
Lo que viene
El proyecto sigue en discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Las observaciones del INDH y las respuestas de los ministros probablemente influirán en las modificaciones al texto. El gobierno necesita definir cómo ajustar la redacción para evitar la criminalización de expresiones legítimas sin debilitar el registro.
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