La querella fue presentada por la fiscal regional Nayalet Mansilla, quien sostenía que Palomera mantuvo contactos con las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, formalizadas por asociación criminal. La Corte consideró que esos vínculos no tenían entidad delictiva y que algunos argumentos estaban deficientemente fundamentados.
Con este fallo, el Ministerio Público puede apelar ante la Corte Suprema para reimpulsar los cargos. Además, la misma Corte mantiene un sumario administrativo contra la jueza, reabierto tras un informe de la Fiscalía Judicial que no halló irregularidades.