La investigación abarca once imputados, entre ellos el propio Larraín, por presuntos delitos como administración desleal, estafa y entrega de información falsa al mercado. La intervención de la CMF suspendió los aportes, pero no los rescates, lo que generó solicitudes por más de $175.000 millones y la venta forzada de activos líquidos.
La defensa sostiene que las decisiones de inversión se adoptaron mediante procedimientos internos de evaluación de riesgos y que las pérdidas no implican un delito por sí mismas. El tribunal debe analizar el rol específico de cada imputado, mientras continúan los alegatos de las otras defensas.