Por qué importa
Esta orden marca un nuevo capítulo en la crisis política boliviana. El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre de 2025 tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, enfrenta protestas masivas y una economía en recesión. La acusación contra el exmandatario busca atribuirle responsabilidad directa por las movilizaciones que exigían la renuncia del actual presidente.
El panorama general
Las protestas de mayo y junio fueron las más graves desde el retorno de la democracia. Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana bloquearon rutas con el respaldo de grupos afines a Morales. La única demanda era la salida de Paz. El gobierno declaró estado de excepción el 20 de junio y las fuerzas de seguridad despejaron las vías.
Los números que importan
- 16 fallecidos confirmados, 13 de ellos por falta de atención médica debido a los cortes de rutas.
- Más de 3.000 millones de dólares en pérdidas económicas.
- 53 días duraron los bloqueos, que afectaron el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
- 6 delitos imputados: terrorismo, alzamiento armado, atentado contra servicios públicos y medios de transporte, asociación delictuosa e instigación a delinquir.
Entre líneas
Morales ya acumula dos órdenes de captura, pero sigue moviéndose con libertad en el Chapare. Un video difundido hace dos días lo muestra cruzando un control policial sin ser detenido. Esto sugiere que la capacidad del Estado para ejecutar las órdenes judiciales en su contra es limitada, o que existe coordinación con sectores de la fuerza pública.
Lo que dicen
Evo Morales calificó la orden como persecución política y escribió en X: “No nos van a intimidar. Buscan ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
El presidente Rodrigo Paz había anticipado la medida: el 28 de junio declaró que a Morales “ya le va a llegar la cárcel”.
Qué sigue
La Policía debe ejecutar la orden de aprehensión. Sin embargo, Morales permanece resguardado por cientos de seguidores en el Trópico de Cochabamba. La Fiscalía también procesa a otros dos dirigentes sindicales: el líder de la COB, Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, quien ya está en prisión preventiva desde el 6 de julio.