Santos rechaza ampliar la JEP y pide acelerar su trabajo
El expresidente Juan Manuel Santos dijo que no apoya extender los límites legales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más allá de 2028.
Santos pidió que el tribunal cumpla su cometido en ese plazo o antes y reconoció que las críticas por la lentitud de sus procesos tienen fundamento.
También rechazó el recorte de 100.000 millones de pesos propuesto para la JEP en el presupuesto de 2027 y defendió asegurar recursos para su funcionamiento.
¿Qué plazo debe cumplir la JEP?
El Acuerdo de Paz de 2016 fijó en 2028 el plazo al que Santos se refirió para que la JEP cumpla su cometido; el expresidente pidió respetar lo pactado.
En otra declaración, Santos sostuvo que debe garantizarse el funcionamiento del tribunal durante los 15 años previstos, hasta 2033, para cumplir plenamente su mandato.
Santos afirmó que respetar el Acuerdo es una obligación constitucional y vinculó los recursos de la JEP con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
¿Qué está en discusión sobre sus recursos?
El recorte presupuestal para 2027 está en debate en el Congreso; Santos dijo que sus efectos recaerían en las víctimas y en quienes confiaron en el proceso de paz.
El expresidente pidió hacer un esfuerzo, incluso temporal, para acelerar la implementación y el trabajo de la JEP.
Santos defendió que la justicia transicional se aplique a guerrilleros y agentes del Estado responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Infobae
Trump aplaza las elecciones venezolanas mientras avanzan las petrolerasTrump vinculó la cautela sobre el calendario electoral con la situación del país y destacó la cooperación con el gobierno de Delcy Rodríguez.
Diario Estrategia
TN
TN
TNBullrich pide acelerar la mejora económica y frenar la Ley de TierrasSobre las jubilaciones, propuso que la seguridad social no dependa de la empleabilidad, sino de impuestos generales y de una parte de ahorro vinculada a convenios colectivos.
TNArgentina defiende el arbitraje por Malvinas tras la protesta británicaEl Gobierno sostuvo que recurrió a los procedimientos previstos en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de la que ambos países son parte.
