Por qué importa
El caso pone a prueba los límites entre seguridad escolar y garantías constitucionales. La ley fue una de las banderas del gobierno en materia educativa, y su eventual revés en el TC sería un golpe político.
- La oposición impugna cuatro artículos, entre ellos los que autorizan cacheos y la pérdida de gratuidad.
- El gobierno alega que la violencia en colegios justifica las medidas.
- La contratación de Ossa busca sumar experiencia jurídica conservadora para blindar la iniciativa.
Lo que dice
El ministro José García Ruminot defendió la constitucionalidad del proyecto en entrevista con Radio ADN. Afirmó que “no puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales”. Agregó que el gobierno está convencido de haber actuado conforme a la Constitución y que esa postura la presentarán ante el tribunal.
El dato clave
El abogado Juan José Ossa fue ministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Piñera. Su incorporación indica que el Ejecutivo busca un perfil técnico con peso en el mundo jurídico de derecha para enfrentar a los mismos sectores que presentaron el requerimiento. La decisión también puede leerse como un gesto de transversalidad política en un tema de alto impacto público.