Por qué importa
El transporte público depende del pago de tarifas para su operación y mejora. La evasión crónica reduce los ingresos del sistema y puede llevar a aumentos de tarifas o recortes de servicios para quienes cumplen. Además, la medida vincula las sanciones con otros trámites, lo que amplía su alcance más allá de una simple multa.
El estado de las cosas
El decreto ya tiene el respaldo jurídico de la Contraloría y entra en vigencia de inmediato. Las nuevas herramientas incluyen:
- Registro nacional de evasores (RPI), que almacenará los antecedentes de los infractores.
- Pago inmediato de la multa al ser detectado, con opción de recargo si se niega.
- Prohibición de obtener pasaporte si se mantienen multas impagas.
- Restricción para comprar entradas o ingresar a estadios y eventos deportivos.
- Bloqueo de acceso a beneficios estatales y subsidios gubernamentales para morosos.
También se establece la obligación de ingresar a los buses solo por la puerta delantera, salvo excepciones para personas con movilidad reducida o zonas pagas autorizadas.
Qué sigue
El ministerio debe definir cuáles sanciones serán implementables en el corto plazo. De Grange mencionó que se evaluarán mecanismos concretos para aplicar las restricciones a estadios y pasaportes. El registro de evasores podrá ser consultado por otras entidades, como el Registro Civil, lo que facilitará el cruce de información.
El gobierno también anunció que buscará extender la modernización ferroviaria a regiones con menor conectividad, aunque ese plan está en una etapa temprana.
Diario Financiero
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ADN Radio
CNN Chile
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