Lo que está en juego
El proyecto busca modificar la ley para que un migrante con orden de expulsión pueda estar retenido hasta 180 días, con dos prórrogas adicionales de 60 días cada una. Actualmente, el plazo máximo es de 5 días.
Pavez explicó que ese breve periodo dificulta concretar las expulsiones. “Muchas veces a los cinco días hay documentación pendiente o atrasos por clima o desperfectos del avión”, señaló en Radio Pauta.
Las cifras clave
- 40.000 órdenes de expulsión sin ejecutar dejadas por la gestión anterior, según Pavez.
- 5 días es el plazo actual de retención.
- 60 días sería el nuevo plazo base propuesto, con posibilidad de extenderse hasta 180.
- 4 vuelos de expulsión realizados por el actual gobierno, contra ninguno en el mismo periodo del anterior.
Entre líneas
Pavez responsabilizó directamente a Luis Thayer, quien ha criticado las medidas del gobierno. El subsecretario le agradeció “la vocería” y le recordó el número de órdenes pendientes que heredó la actual administración.
La defensa del proyecto también apunta a despejar dudas sobre centros de detención. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que la PDI ya cuenta con un recinto y que se evalúa si se necesitan más. Comparó la medida con prácticas en Europa.
Lo que dicen
El Servicio Jesuita a Migrantes ha alertado que no existen centros de detención masiva para aplicar plazos tan largos. Arrau, en cambio, sostuvo que los migrantes serían retenidos en recintos policiales, de la misma forma que otras personas privadas de libertad.
Qué sigue
El gobierno enviará el proyecto al Congreso acompañado de una reforma constitucional que habilite la discusión legislativa. En paralelo, trabaja en un plan de coordinación con Venezuela para facilitar repatriaciones y en un programa de “salidas voluntarias” para quienes ingresaron por pasos no habilitados.