Lo que está en juego
Dos artículos concentran la disputa:
- Revisión de mochilas: ante la negativa del estudiante, el colegio contacta a sus padres y, si no concurren, se avisa a la policía para que registre sin orden judicial previa. La oposición argumenta que vulnera la privacidad y la libertad personal.
- Inhabilitación para la gratuidad: los alumnos condenados por delitos contra la propiedad del establecimiento pierden de forma vitalicia el beneficio. Se cuestiona la proporcionalidad y el debido proceso.
Además, se impugna la norma que prohíbe vestimentas que hagan apología de la violencia o las drogas.
Entre líneas
La oposición usó al TC para frenar una ley que el oficialismo defiende como respuesta a demandas de padres y apoderados. El debate refleja una tensión recurrente: seguridad escolar versus garantías individuales. Expertos citados en la audiencia señalaron que no hay evidencia de que estas medidas mejoren la convivencia.
Lo que dicen
- Ministra de Educación, María Paz Arzola: “Esperamos que esta iniciativa pueda ver la luz. Estamos tranquilos, el proyecto fue bien analizado”.
- Académico Jaime Portales (Rumbo Colectivo): “No hay evidencia empírica de que estas medidas tengan el efecto esperado. Presentan problemas de proporcionalidad y debido proceso”.
Qué sigue
El TC debe fallar sobre la admisibilidad y el fondo de los requerimientos. Su resolución definirá si las normas impugnadas pueden aplicarse o deben ser modificadas. Es el primer test de la relación entre el nuevo gobierno y el tribunal.