Por qué importa
Esta ley modifica el equilibrio de poderes al ampliar las facultades del presidente para declarar un estado de excepción. Hasta ahora, la policía antimotines estaba en primera línea y los militares solo cumplían roles de apoyo. Con la nueva norma, Paz puede ordenar directamente la intervención armada.
El contexto es crítico: las protestas exigen la renuncia del mandatario, y la crisis social se intensificó en las últimas semanas. En Cochabamba y Santa Cruz crece el desabastecimiento, y el fin de semana se registró el enfrentamiento más violento hasta la fecha, con 35 heridos.
El dato clave
La ley incluye un punto controvertido: la presunción de legalidad para policías y militares durante un estado de excepción. Esto significa que sus acciones se considerarán legales a menos que se demuestre lo contrario.
- El oficialismo defiende el artículo como necesario para que las fuerzas de seguridad actúen frente a la violencia.
- La oposición critica que abre la puerta a abusos sin rendición de cuentas.
Qué sigue
Para que la ley entre en vigor, el presidente debe promulgar el texto y luego emitir un decreto de estado de excepción. Ese decreto debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
La medida tendría una vigencia máxima de 90 días, con posibilidad de prórroga sujeta a nueva autorización del Congreso. El gobierno aún no confirmó si declarará el estado de excepción de inmediato.
La imagen completa
La crisis boliviana acumula más de un mes de protestas lideradas por agricultores, mineros y sindicatos de transporte. Detrás de los bloqueos está la exigencia de renuncia del presidente, un mandatario de centroderecha que asumió hace menos de siete meses.
La aprobación de esta ley representa un punto de inflexión: el gobierno pasa de intentar desbloquear con diálogo a preparar una intervención militar. El temor, tanto en sectores de la oposición como en organismos de derechos humanos, es que el uso del ejército derive en una escalada violenta.